Se aplicó la pena máxima para cada delito sin tener en cuenta ninguna atenuante, incluyendo una cadena perpetua, lo que demuestra el carácter irracionalmente desmesurado de las sanciones. Según la ley norteamericana se sanciona con la máxima cuando el acusado es potencialmente peligroso, reincidente y agresivo. Nunca existió quejas del jurado, de la jueza ni de la Fiscalía sobre el comportamiento de los acusados, ni se les comprobaron actitudes moral y éticamente inadecuadas durante el tiempo que residieron como ciudadanos en ese país.

No se tuvo en cuenta para ningún delito, ni siquiera como atenuante, el estado de necesidad.

Los cargos a) Conspiración para cometer delitos en Estados Unidos y b) Conspiración para cometer actos de espionaje prácticamente son lo mismo. Sin embargo se imputa la pena máxima en ambos casos. No existen pruebas directas que demuestren el delito de conspiración. En el caso de delito de espionaje, en un caso sin precedentes, es condenado sin que fueran presentadas pruebas o testimonios que mostrasen que habían obtenido o buscado informaciones para perjudicar a ese país. Hubo testigos que específicamente negaron que hubiese realizado espionaje: los generales Clapper, Whilelm y Atkeson, el almirante Carroll y el coronel Buckner.

En el caso del inciso c) Agente extranjero no declarado, para ser condenado por este estatuto el acusado tiene que haberse demostrado conocedor del requisito de registración exigido por la ley. Aunque en general el desconocimiento de la ley no exime al ciudadano de su cumplimiento, hay casos atípicos en que algunos acusados han sido exonerados porque el estatuto que aplicado no era de conocimiento común, tal como pasa en este caso.