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Mociones

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DISTRITO SUR DE LA FLORIDA
CASO NO. 98-721-CR-LENARD(S)
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Contra
ANTONIO GUERRERO
Acusado

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MOCIÓN PARA UN NUEVO JUICIO DEL ACUSADO ANTONIO GUERRERO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO PENAL SOBRE LA BASE DE PRUEBAS RECIÉN DESCUBIERTAS Y EN EL INTERÉS DE LA JUSTICIA
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El Acusado, ANTONIO GUERRERO, solicita respetuosamente, mediante el abogado, un nuevo juicio sobre la base del descubrimiento de una nueva evidencia y en el interés de la justicia de conformidad con el artículo 33 del Reglamento Federal de Procedimiento Penal. Las pruebas recién descubiertas consisten principalmente de las tergiversaciones de los hechos y de la ley hechas por el Fiscal de los Estados Unidos al oponerse a la moción presentada por los acusados para un cambio de sede debido a los prejuicios que predominan en esta comunidad. A manera de resumen, la moción se basa en los hechos siguientes:

Un año después de la conclusión del juicio del señor Guerrero, el 25 de junio de 2002 , el mismo Fiscal de los Estados Unidos que convenció a este tribunal para que denegara un cambio de sede en este caso a partir del argumento de que Miami-Dade es un “centro urbano” que es “extremadamente heterogéneo”, “políticamente no monolítico” y con una “gran diversidad”, y por consiguiente inmune a las “influencias externas”, que impedirían la elección de un jurado imparcial, procedió en el caso Ramírez vs. Ashcroft, et. al., Caso No. 01-4835 Civ-HUCK, a un cambio de sede fuera de Miami-Dade, mencionando precisamente esas influencias que, según argumentó, harían “prácticamente imposible” la realización de un juicio justo en una acción de discriminación relacionada con el empleo contra el Fiscal General de los Estados Unidos [Véase: Prueba Testifical 2, adjunta, en la página 15]. El caso principal citado, y en el que se basó el gobierno al encarar el de Ramírez, Pamplin vs. Mason, 364 F.2d 1 (Quinto Circuito, 1968), fue el mismo utilizado por la defensa en este caso y al que el gobierno se opuso enérgicamente diciendo que no resultaba aplicable a una sede del tamaño de Miami-Dade.

Al hacerlo, el representante legal principal de los Estados Unidos presentó dos escenarios objetivos mutuamente excluyentes y asumió posiciones que van en contra de la ética con respecto a la ley predominante sobre un solo tema: ¿Se puede realizar en Miami-Dade un juicio justo de un acusado cuando el asunto en litigio se entrelaza con los prejuicios generalizados de la comunidad respecto de Cuba? Cuando los acusados eran agentes del gobierno cubano acusados de asesinato y espionaje, entre otros cargos, el Fiscal de los Estados Unidos dijo que era posible. Cuando el acusado en un pleito civil fue el Fiscal General de los Estados Unidos con cargos de discriminación en un caso de empleo relacionado indirectamente con Cuba, el gobierno argumentó que era “prácticamente imposible”. Esta posición a todas luces contradictoria asumida en el caso Ramírez revela la naturaleza insincera, si no engañosa, de las tergiversaciones del gobierno en el caso inmediato.

En ambos casos, la causa del prejuicio fue la misma: el ambiente excepcionalmente emotivo en el discurso político relacionado con Cuba, engendrado por la presencia de más de medio millón de exilados cubanos estadounidenses que constituyen por lo menos el veinte por ciento de la población del distrito. La “guerra” que llevan a cabo contra el gobierno cubano desde hace 40 años y la preeminencia de la “visión de la ideología del exilio” en Miami, donde está presente la “hostilidad intransigente hacia el gobierno cubano y la intolerancia hacia criterios contrarios”, saturaban toda la comunidad.

El acusado Guerrero ahora propone un nuevo juicio, en interés de la justicia, porque este cambio radical de postura por parte del Fiscal de Estados Unidos revela en este caso las reiteradas tergiversaciones de los hechos y de la ley que hizo el gobierno con vistas a garantizar una ventaja táctica sobre los acusados, violando el derecho a un debido proceso legal plasmado en la Quinta Enmienda y los derechos a tener un juicio justo frente a un jurado imparcial que aparecen en la Sexta Enmienda.

Esta moción se basará en los hechos, los documentos de prueba que aparecen en el Apéndice adjunto, y en los argumentos legales que se expresan a continuación.

I. ANTECEDENTES SOBRE LA SEDE:

  1. La argumentación del acusado en apoyo a un cambio de sede:

La primera moción para un cambio de sede fue presentada por Guerrero el 5 de enero de 2000 [ D.E. 317]. No se adjuntaron artículos periodísticos ni se hizo ninguna referencia a la publicidad perjudicial antes del juicio. Por el contrario, en la solicitud de un cambio de sede se habló de la parcialidad que ya existía en la comunidad que se manifestaba en “la atmósfera explosiva en relación con las actividades del gobierno de la República de Cuba” en el Distrito Sur de la Florida [Id.].

Al citar la conmoción pública alrededor de los recientes acontecimientos relacionados con Elián González, los documentos relativos a la moción del señor Guerrero apuntaban al hecho de que no sólo la comunidad de exilados, sino también la comunidad no cubana es “igualmente un problema” ya que una vez que los miembros del jurado saben que estos agentes cubanos “están acusados de espiar en el país … y uno o más de estos acusados de la muerte de cuatro pilotos cuyo avión civil no artillado fue derribado por aviones caza pilotados por la Fuerza Aérea cubana” los prejuicios y la parcialidad de la comunidad con respecto a Cuba impedirán una evaluación justa de las pruebas. Al señalar un “ambiente en la comunidad tan exaltado en general” que hay que presumir la existencia de prejuicios, Guerrero se basa en el caso de Pamplin vs. Mason, 364 F.2d 1 (Quinto Circuito, 1966) para argumentar que la sede del juicio debe ser cambiada cuando “algunos factores culturales son tan fuertes como para exigir constitucionalmente un cambio de sede”, en particular donde los acusados sean miembros del “grupo objetivo” sobre el cual está dirigido el prejuicio.

El 20 de enero de 2000, Guerrero señaló la tergiversación del gobierno en el caso de Pamplin y de su fundamento en el mismo:

El gobierno interpreta mal este caso para afirmar que es la publicidad la que creó la “influencia externa”. De hecho, el caso Pamplin ejemplifica la influencia externa provocada por el prejuicio racial generalizado y arraigado. Esta “influencia externa” no fue fruto de la publicidad ni creada por esta, sino más bien un producto de las implicaciones sociológicas de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos a principios de los años sesenta. La analogía con la situación en el caso en cuestión es manifiesta [D.E. 322 en 2-3 (Respuesta de Guerrero a la oposición del gobierno a cambiar de sede].

Guerrero argumentó que Pamplin reconoce que cuando las creencias y actitudes de una comunidad están tan generalizadas y arraigadas contra un grupo objetivo, esa comunidad está supuestamente prejuiciada y ya no es capaz de sopesar con justicia e imparcialidad la evidencia contra un miembro de ese grupo. El problema no fue la publicidad antes del juicio, sino la amplia animosidad de la comunidad contra un tipo de acusado –un agente del gobierno cubano— lo que creaba el prejuicio aquí. En el caso Pamplin, la “influencia externa” inaceptable era la hostilidad de la comunidad hacia los negros que participaran en actividades de derechos civiles. Aquí fue la hostilidad apasionada de la comunidad de exilados hacia cualquiera que participara en actividades de apoyo a Cuba que, para expresarlo como en el caso Pamplin, “estaba afectando el estado de opinión de la comunidad con respecto al acusado”. 364 F.2d en el 5.

Por último, y esto es lo más importante, una vez que se demuestra la parcialidad existente que afecta el estado de opinión, la prueba para el cambio de sede según el caso Pamplin es demostrar que en el distrito existe una “probabilidad de injusticia”. (En este caso, en la prueba que aplicó el Tribunal exigía la demostración de que la celebración de un juicio imparcial era “prácticamente imposible”). La publicidad perjudicial antes del juicio no fue un factor en el caso Pamplin; de hecho, no se hizo referencia a esta en la decisión del tribunal. Además, todos los miembros del jurado seleccionados en el caso Pamplin juraron que podían ser justos e imparciales, hecho no dispositivo cuando están presentes las “influencias externas”.

El 13 de enero de 2000, el acusado Medina también presentó una moción aparte solicitando otra sede y adjuntó una encuesta y la declaración jurada del Profesor Morán. [Véase: D.E. 321 (que refleja que el 69 por ciento de todos los encuestados y el 74 por ciento de los participantes hispanos tenían prejuicios contra las personas que actuaban como agentes del gobierno de Cuba y estaban acusadas por participar en las actividades que se señalaban en la acusación)]. En los documentos de Medina, se recalcaba una vez más “el precedente vinculante” del caso Pamplin, que “entraña el prejuicio generalizado derivado de los valores y actitudes que mantiene la mayoría de la comunidad, y no de la amplia cobertura de un caso específico por los medios de difusión”. Citando de nuevo los datos, la defensa recordó al Tribunal que “el virulento sentimiento contra Castro es un valor dominante en esta comunidad y ha existido durante cuatro decenios” [D.E. 321, en las páginas 3 y 5].

El Acusado Campa presentó una moción aparte para un cambio de sede, y citaba también “un ambiente de gran hostilidad hacia cualquier persona relacionada con el régimen de Castro”. Él adjuntó una serie de nuevos artículos periodísticos con el propósito de ilustrar “el grado y la intensidad del sentimiento local contra el gobierno de Castro y sus posibles aliados” [D.E. 329, en las páginas 1 y 3].

El 20 de marzo de 2000, los acusados actualizaron la evidencia cada vez mayor del sentimiento generalizado en la comunidad contra cualquiera relacionado con Cuba y se quejaron de la inexplicable negativa del gobierno de lo que estaba sucediendo en la comunidad:

El gobierno también ignora el creciente y considerable interés que el público ha mostrado recientemente en este caso, en especial a medida que se acerca la fecha del juicio y dados los acontecimientos recientes como el asunto de Elián González, el arresto de otro supuesto espía cubano [Véase: Documento de Prueba B-2], las vistas de sentencia de los coacusados que cooperaron [Véanse: Documentos de Prueba C-2 y D-s] y las protestas relacionadas con el Festival de Cine de Miami y la convención de la Asociación de Estudios sobre América Latina celebrada la semana pasada [D.E. 451, en la página 5].

Por último, en vísperas del alegato oral, el acusado Medina recordó al Tribunal acerca de lo evidente: “la cuestión de la sede es el único tema más importante para determinar si habrá un debido proceso legal en este caso” [D.E. 461 en la página 1].

Durante el alegato oral, los acusados modificaron su solicitud de trasladar el caso a una sede fuera del distrito y aceptaron trasladarla a otra división dentro del mismo distrito —Fort Lauderdale (Condado de Broward)— a sólo 25 millas al norte de Miami. [Véase: Documento de Prueba 1, en la página 43]. Aunque muy cercano, el Condado de Broward es muy distinto de Miami-Dade en su composición demográfica y actitudes hacia Cuba. Los acusados también argumentaron que la condición de ellos como agentes cubanos, los hacía parias a los ojos de la mayoría de los ciudadanos de Miami. [Véase: Documento de Prueba 1, en las páginas de la 44 a la 49].

  1. La argumentación del gobierno en contra de un cambio de sede:

En su primera oposición al cambio de sede, el gobierno expuso el tema de su principal argumento: debido al tamaño metropolitano, carácter heterogéneo y diversidad demográfica de Miami, el caso Pamplin simplemente no procede. Valiéndose de su importancia como figura prominente en la comunidad, el fiscal de los Estados Unidos explicó al Tribunal que el distrito es una comunidad “extremadamente heterogénea, diversa y políticamente no monolítica” y, como tal, es ajena a la “influencia externa” como la mencionada por los acusados. La información del gobierno rechazó cualquier sugerencia de que Miami (un “centro urbano”) deba compararse con “comunidades más pequeñas o provinciales”, como la que se discutió en el caso Pamplin (una pequeña ciudad en Texas). La diferencia en sus respectivas capacidades para resistir y modelar el prejuicio comunitario, argumentó el fiscal de los Estados Unidos, diferenciaba completamente a las dos jurisdicciones y liberaba a Miami de la autoridad dominante del caso Pamplin:

La parcialidad implícita generalizada de la comunidad generalmente ocurre en las comunidades más pequeñas o provincianas que en los centros urbanos como el Condado de Miami-Dade (Se omiten las citas). Aun donde se ha determinado que el prejuicio de comunidad amerita un cambio de sede a una zona más extensa [Véase, por ejemplo: el caso McVeigh, que se debió en parte al carácter homogéneo y constante del prejuicio en toda “la familia de Oklahoma”, id. en 1471] —descripción que nadie podría aplicar al Condado Miami-Dade—, el carácter extremadamente heterogéneo, diverso y políticamente no monolítico de esta comunidad es otro motivo para no presuponer que el prejuicio de la comunidad impida la selección de un jurado imparcial”. [D.E. 286, en la página 5 (Respuesta del Gobierno al Acusado John Doe No. 2, Moción ex parte para la Autorización de Fondos para la Realización de una Encuesta (se añadió el subrayado)]

Seis meses después, el letrado principal de la fiscalía expresó lo siguiente:

“Ahora veo que los letrados proceden no simplemente en relación con un argumento de publicidad antes del juicio sino sobre un alegato referido al prejuicio de comunidad generalizado y citan el caso Pamplin para sustentar esa proposición. Sin embargo, Señoría, creemos que el caso Pamplin no es aplicable en esta situación. Este no es el tipo de comunidad provinciana pequeña y cerrada como ocurrió en el caso Pamplin” [Transcripción del 26 de junio de 2000, en la página 63 (se añadió el subrayado), Documento de Prueba 1].

Y además, al afirmar que la selección de los miembros del jurado, y no el cambio de sede, es la solución adecuada al prejuicio de la comunidad, el gobierno argumentó que “en un caso como este, con una comunidad de una gran diversidad y gran heterogeneidad en contraposición a las comunidades del caso Pamplin y los otros casos con selección de los miembros del jurado” [ Trascripción del 26 de junio de 2000; Documento de Prueba 1, en las páginas 64 y 65].

II. El descubrimiento de una nueva evidencia:

Un año después del veredicto en este caso, el 25 de junio de 2002, este mismo Fiscal de los Estados Unidos por el Distrito Sur de la Florida dio el paso extraordinario de presentar una moción para un cambio de sede en un caso civil, el caso Ramírez vs. Ashcroft y otros, Caso No. 01-4835-Civ-HUCK. Esa moción se basaba en los supuestos efectos perjudiciales del sentimiento predominante en la comunidad después de la batalla por la custodia de Elián González, suceso que acaeció más de dos años antes. Este mismo Fiscal de los Estados Unidos, quien había dicho de manera vehemente y reiterada ante este Tribunal que no era probable que Miami-Dade sufriera el efecto de esas “influencias externas que afectan el estado de opinión de la comunidad” debido a su tamaño, buscaba refugio ahora en la doctrina del caso Pamplin cuando fue llamado a defender a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en un juicio civil.

Con un abrupto cambio de posición, lejos de rechazar la pertinencia del caso Pamplin para Miami-Dade, la información del gobierno en el caso Ramírez lo presentó como autoridad dominante para la división, y lo citó en no menos de tres ocasiones. En él también se presentaron argumentos muy fuertes contra la idea de que se podía celebrar un juicio imparcial en Miami-Dade (resulta “prácticamente imposible”) al describir el estado de opinión allí con palabras que reflejaban la posición de la defensa en este caso:

Será prácticamente imposible garantizar que los acusados tengan un juicio justo si el juicio se celebra en el Condado de Miami-Dade, …los habitantes del Condado Miami-Dade están tan afectados por el conocimiento del incidente y el prejuicio, la parcialidad y las opiniones preconcebidas, que los miembros del jurado posiblemente no podrán apartar estas cuestiones de sus mentes y analizar el caso actual únicamente sobre la base de las pruebas presentadas en la sala del tribunal [Véase: ocumento de Prueba 2, página 15. (Moción presentada por el acusado para un cambio de lugar/sede del juicio)]

Durante el alegato oral en el caso Ramírez, el Fiscal de los Estados Unidos reconoció los “sentimientos muy arraigados” y los “prejuicios muy arraigados” que existen en Miami-Dade y expresó que “si se traslada el caso fuera de Miami-Dade habrá menos probabilidades” de enfrentar estas influencias externas. [Véase: Documento de Prueba 3, trascripción de la vista del caso Ramírez vs. Ashcroft, 15 de agosto de 2002, en la página 25]. Y, en contraste con nuestro caso, “el incidente” a que se hace referencia en Ramírez 1) no incluía al acusado y 2) no era una cuestión sobre la cual al jurado se le pediría que sacara conclusiones de un contexto de caso penal.

Esas interpretaciones orales y escritas en el año 2002 revelan que desde marzo-junio de 2000 el Fiscal de los Estados Unidos sabía lo que cualquier observador razonable de Miami-Dade no puede ignorar:

  1. La comunidad cubana estadounidense constituye la comunidad étnica más grande en la división;
  2. Alberga una hostilidad intransigente hacia el gobierno cubano, sus agentes y simpatizantes;
  3. Su visión sobre Cuba ha impregnado el ambiente político y social de la división;
  4. Esa visión ha sido reforzada por una larga historia de amenazas terroristas, amenazas de bombas, explosiones reales de bombas, agresiones y asesinatos contra todos los que en alguna medida expresan un criterio diferente, o incluso se cuestionan los criterios de la comunidad de exilados.

En otras palabras, en el momento que argumentaba la irrelevancia de Pamplin en los alegatos presentados ante este Tribunal, el fiscal conocía sin dudas que su afirmación objetiva era totalmente válida para este caso. O sea: 1) Existía en la división una “influencia externa” que existía previamente, a saber, la hostilidad apasionada de la comunidad de exilados cubanos hacia Cuba. 2) Esta “afectaba el estado de opinión de la comunidad con respecto al acusado” según quedó demostrado ampliamente en las encuestas, los artículos periodísticos y la opinión de los especialistas (véase más adelante). 3) Era “inherentemente poco confiable …lo que daba lugar a una probabilidad de injusticia”.

De todas maneras, con vistas a ganar una ventaja táctica sobre la defensa en este caso, el fiscal de Estados Unidos argumentó deliberadamente, en repetidas ocasiones y enérgicamente ante este tribunal lo que él sabía que era contrario a los hechos reales y a la ley. Que esto debía hacerse en un caso en que los jurados serían convocados para sacar conclusiones sobre el estado mental de los acusados —y en un caso en que estaban en juego sentencias de cadena perpetua y que en realidad se impusieron— hace que esta conducta sea aún más atroz. Dada la reciente evidencia descubierta del caso de Ramírez, la deshonrosa decisión respecto de la petición del cambio de sede corre el riesgo de parecer una burla a la justicia.

El Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito ha amonestado sistemáticamente a quienes representan a los Estados Unidos en el circuito que “…recuerde que es un representante del gobierno comprometido con la equidad y la justicia igual para todos y, en este sentido, tiene una gran obligación para con el acusado. Tal representación impone la absoluta obligación de imparcialidad tan importante, sobre la cual descansa la ley penal anglo-norteamericano desde su inicio: es mejor que un culpable escape a que sufra un inocente.” [Estados Unidos vs. Wilson 149 F 3d 1298, 1303 (11º Circuito, 1998)] [Véanse también: Estados Unidos vs. Crutchfield 26 F.3d 1103 (11º Circuito, 1994) (que subraya que el fiscal de los Estados Unidos tiene el deber de abstenerse de usar métodos impropios para asegurar una condena); Berger vs. Estados Unidos 295 U.S. 78, 88 (1935)]. Más directamente relacionada con los hechos que nos ocupan, aunque en un contexto civil, el Onceno Circuito expresó su condena inequívoca a quienes asumen posiciones incoherentes en el litigio, y “se burlan del sistema de justicia” [ Véase: Salomón Smith Barney, Inc. vs. Harvey 260 F.3d 1302, 1308 (Onceno Circuito, 2001)]. Y al analizar el concepto de la norma de evidencia justa, el Circuito hizo énfasis en su lógica en términos igualmente aplicables al caso que nos ocupa: el propósito es “proteger la integridad del proceso judicial prohibiendo a las partes que cambien deliberadamente de posición según las exigencias del momento” [Burnes vs. Pemco Aeroplex, Inc., 291 F.3d 12282, 1285 (11º Circuito, 2002)].

Nada merece más preocupación que el hecho de que los fiscales cambien de posición en el ejercicio de sus funciones. En Smith vs. Groose, 205 F 3d 1045 (8º Circuito, 2000) se concedió la expedición de un habeas corpus a un condenado que fue víctima del cambio de posición del fiscal en el manejo de dos casos de asesinato. Es particularmente atroz cuando, como aquí, el cambio de posición refleja una tergiversación intencional de los hechos conocidos y de la ley. [Véanse: Normas ABA de Justicia Penal: La función de la fiscalía, 1993, Sección 3-2.8(a) (“Un fiscal no debe tergiversar intencionalmente las cuestiones de hecho o de ley ante un tribunal”)].

Las nuevas evidencias descubiertas sobre las tergiversaciones intencionales de la fiscalía, tanto de hecho como de derecho, que traen como resultado evidentes violaciones del derecho de los acusados a un juicio justo e imparcial, así como debido proceso legal, en virtud de la Quinta y la Sexta Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, caen dentro del ámbito de la Norma 33 de las Normas Federales de Procedimiento Civil y exige un nuevo juicio “en interés de la justicia” [ Véase: Estados Unidos vs. DiBernardo 880 F.2d 1216 (Onceno Circuito, 1989); Estados Unidos vs. Wallach 935 F.2d 445 (Segundo Circuito, 1991) y Estados Unidos vs. Locascio 6 F.3d 924, 930-1 (2º Circuito, 1993) (el descubrimiento de una nueva evidencia de violación constitucional revisada a tenor de la Norma 33)].

Además, la Norma 33 es el vehículo apropiado para presentar dichas cuestiones ante este tribunal, aunque esté pendiente la apelación en el Tribunal de Apelaciones. [ Véase: Estados Unidos vs. Cronic, 466 U.S. 648, 667, nota de pie de página 42 (1984) (que el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito citó con aprobación en Estados Unidos vs. Ellsworth 814 F 2d 613 (11º Circuito, 1987)].

 

III. Se debe conceder un nuevo juicio en interés de la justicia:

  1. Los estudios demográficos, las encuestas y la opinión de los especialistas descartan cualquier idea de que hubo o pudiera haber habido un juicio justo e imparcial en Miami-Dade.

Nada es más fundamental a los intereses de la justicia que la percepción de que los juicios sean justos e imparciales. Como expresó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: Lo que está en juego es la percepción pública de la integridad de nuestro sistema de justicia penal, el cual tiene también que “satisfacer la apariencia de justicia”. Orfutt vs. Estados Unidos 348 U.S. 11, 14 (1954). En el momento en que el fiscal acusador estaba instando al tribunal a hacer caso omiso de los hechos que tenía ante sí, más de un decenio de erudición y de estudios sobre las actitudes en la comunidad cubana estadounidense confirmaban la imposibilidad de efectuar un juicio justo en este lugar. Una encuesta realizada a la población total de Miami-Dade precisamente un mes antes de la selección del jurado, cuando se compara con los resultados de una encuesta idéntica realizada a nivel nacional, lleva inexorablemente a esa misma conclusión. La diferencia entre Miami y el resto del país con respecto a las actitudes hacia Cuba en octubre de 2000, como se reflejó en la encuesta, es extraordinaria.

Los porcentajes de cada una de las muestras que están decididamente a favor de apoyar una acción militar directa estadounidense para derrocar al gobierno cubano se desglosan de la siguiente manera:

  1. Muestra de los cubanos de la localidad (Miami) 49,7%
  2. Muestra de las personas no cubanas de la localidad 26,0%
  3. Muestra nacional 08,1%

Los porcentajes de cada muestra que está decididamente a favor de apoyar la acción militar que realice la comunidad de exiliados para derrocar al gobierno cubano se desglosa de la siguiente manera:

  1. Muestra de los cubanos de la localidad 55,8%
  2. Muestra de las personas no cubanas de la localidad 27,6%
  3. Muestra nacional 05,8%

Como dijo el renombrado psicólogo legal Dr. Kendra Brennan, “Existe un estado de guerra en la comunidad cubana local (Miami) en contra de Cuba” y “las actitudes de esta se han extendido al resto de la comunidad” [Documento de prueba 4, página 3].

Increíblemente, en una División aparte dentro del mismo distrito, Condado de Broward, con una concentración mucho menor de cubanos estadounidenses, los datos indicaron una reducción sustancial de las actitudes hostiles hacia Cuba. Cuando se les preguntó si “la política de Estados Unidos hacia Cuba debía promover mejores relaciones, intensificar la oposición estadounidense hacia Cuba, o mantener las cosas como estaban”, el 74,5 por ciento de los residentes de Miami-Dade querían intensificar la oposición en comparación con el 26,5 por ciento en Broward. Fue precisamente al Condado de Broward, a sólo 25 millas, hacia donde los acusados querían cambiar el lugar del juicio.

El sondeo de opinión del Dr. Brennan, proveniente de dos encuestas separadas, una de las cuales abarcaba 6 años y la otra 12 años, no fue encomendada por la defensa y precedió a los hechos juzgados en media década. El estudio analizaba periódicamente las actitudes hacia Cuba hasta antes del momento del juicio. La persistencia y regularidad de la manifiesta hostilidad hacia Cuba, como se reflejó en los resultados del estudio, reflejan y sustentan los resultados del estudio del Profesor Moran, los cuales demostraban que el 69 por ciento estaba prejuiciado contra estos acusados [Véase: el D.E. 321].

Estas realidades, a todas luces tan evidentes, no podían haber escapado de la atención del fiscal de los Estados Unidos. Por el contrario, como incrementaban la posibilidad de que él aseguraría las condenas aquí, las ignoró o, lo que es peor, expresó afirmativamente que no existían. Sin embargo, cuando se trató de garantizar un juicio justo para su cliente en una cuestión civil, inmediatamente reconoció el carácter especial de este lugar, y expresó lo inapropiado que resultaba para un caso que agitaría las pasiones de la comunidad de exiliados.

El Dr. Lisandro Pérez, destacada autoridad en las cuestiones del exilio cubano, él mismo exiliado y residente en Miami desde hace 27 años, profesor de Sociología y Antropología, y director del Instituto de Investigaciones Cubanas en la Universidad Internacional de la Florida, argumenta y explica ampliamente los resultados de las declaraciones juradas de Moran y Brennan. Él llegó a la misma conclusión autorizada que ellos, así como a la de la defensa en este caso y en el caso Ramírez:

“La posibilidad de seleccionar a doce ciudadanos del Condado Miami-Dade que puedan ser imparciales en un caso que incluye agentes reconocidos del gobierno cubano es prácticamente nula. Yo habría llegado a esa conclusión aunque el jurado estuviese integrado totalmente por ciudadanos no cubanos, como sucedió en este caso.

Sobre la base de una carrera académica que se ha especializado en el estudio del desarrollo de las comunidades cubanas en los Estados Unidos, y en especial en Miami, el Dr. Pérez explica por qué esto es así. La parcialidad de la comunidad que afecta este caso, “una opinión… tan arraigada que con frecuencia no se mantiene de manera consciente”, no es susceptible a las usuales soluciones del tribunal para la publicidad antes del juicio, porque tiene sus raíces no en la publicidad sino en las actitudes apasionadas que comparte un grupo excepcionalmente poderoso dentro de la comunidad [ Documento de prueba  5, página 2].

El Dr. Pérez explica cuidadosamente estas conclusiones sobre la base de una combinación de factores: a) demográficos, b) peculiaridades del “enclave étnico”, c) el extraordinario poder político de la comunidad de exiliados en Miami-Dade, d) la “ideología del exilio”, y e) el impacto del derribo de los aviones del 24 de febrero de 1996, incidente que constituyó el Punto III de esta acusación y la historia de Elián González que comenzó en noviembre de 1999 y terminó precisamente seis meses antes del juicio en este caso.

Estos conceptos permitieron al Dr. Pérez explicar por qué los resultados de las encuestas citadas por el Dr. Brennan revelan que a todo lo largo de Miami-Dade las actitudes sobre Cuba están poderosamente influenciadas por las actitudes y opiniones de la comunidad de exiliados, y difieren poderosamente de las del resto de la Florida. Ellos también explican y documentan la existencia de un singular y dominante prejuicio comunitario contra los agentes cubanos que operan en Miami.

Primero, basado en el Censo y otras estadísticas demográficas, el Dr. Pérez explica que las personas descendientes de cubanos comprenden el grupo más grande de un solo origen racial, étnico y nacional en el lugar (2 de cada 7 personas). Por tanto, es literalmente no una “minoría”, sino el mayor grupo, punto, entre inmigrantes y no inmigrantes por igual” [ Documento de prueba 5, páginas 3 y 4]. En segundo lugar, debido a su tamaño y cohesión, la comunidad de exiliados cubanos ha creado un genuino “enclave étnico” desde el cual ejercita el poder político y económico, lo que tiene un impacto desproporcionado sobre el resto de la comunidad.

Tercero, el establecimiento de importantes instituciones como la Fundación Nacional Cubano Americana, la Asociación de Constructores Latinos, la Asociación de Constructores Hispánicos y la Cámara Latina de Comercio pone de manifiesto y presta especial atención al poder de la comunidad de exiliados en Miami-Dade, y asegura la elección de cubanos estadounidenses a la mayoría de los cargos políticos importantes: el alcalde de la ciudad, el administrador del condado y una porción significativa de la delegación del condado a la legislatura del estado así como al Congreso de los Estados Unidos [Véase: Documento de prueba 5, página 6].

Cuarto, esta comunidad tiene una singular y bien definida “preocupación preponderante: la lucha actual por la recuperación de su isla” [Véase: Documento de Prueba 5, páginas 7 y 8, la cual inyecta al resto de la comunidad]. De ahí que las encuestas a las que hace referencia el Dr. Brennan muestran mucho más apoyo por la destitución a la fuerza del Presidente cubano entre los ciudadanos no cubanos en Miami que entre los ciudadanos no cubanos de otros lugares.

Según el Dr. Pérez, la cuestión es sumamente emocional, de “hostilidad inflexible contra el gobierno cubano”. La vehemencia y el carácter central de ese criterio hace que cualquier expresión de opiniones contrarias “especialmente difíciles” [Véase: Documento de Prueba 5, página 8], traigan como consecuencia la crítica, el desprecio y las amenazas, como se reflejó en las preocupaciones expresadas por el abogado de la defensa del juicio y aquellos posibles jurados lo suficientemente valientes para expresar con honestidad su temor. Como explicó el Dr. Pérez: “Existe un largo historial de amenazas, amenazas de bombas, bombas reales que han explotado, y hasta asesinatos dirigidos contra personas que han disentido de la posición predominante contra Castro, o han manifestado una evidente “flexibilidad” hacia el régimen” [Id., en las páginas 8 y 9].

B. La atmósfera que rodeaba la selección del jurado, así como los sucesos subsiguientes, confirmaron que las “influencias externas” hostiles a la defensa impidieron la creación de un jurado justo e imparcial.

Ante la insistencia de la fiscalía de que el lugar debía seguir siendo Miami-Dade, el tribunal del juicio se vio frente a la enorme tarea de procurar un jurado que reuniera los requisitos y laboró por siete días en ese fútil esfuerzo. El primer día se celebró una conferencia de prensa en la escalinata del tribunal, la cual fue convocada por los familiares de las víctimas que estuvieron presentes en la sala del tribunal durante el proceso de selección de los miembros del jurado. Se informó que se encontraban presentes varios posibles miembros del jurado. Cuando se enteró, el tribunal anotó en acta que “los familiares celebraron una especie de conferencia de prensa… ante las cámaras de televisión” [Vol. 1:111]. Cuando después se le informó que se “observó a varios de los participantes en la selección del jurado hablando ante las cámaras y los medios de comunicación”, el Tribunal reaccionó con resignación: “Pensé que les había dado una fuerte instrucción” [Vol. 3, Tr. 111]. Antes de que se terminara el día, un posible miembro del jurado reveló que había un artículo periodístico sobre el caso en la sala de reunión del jurado [Vol. 1:171]. Aún más sorprendente fue la observación sin respuesta del abogado de la defensa de que el miembro #34 del jurado fue visto leyendo ese artículo en la sala del tribunal, precisamente cuando el tribunal estaba presentando el caso al posible jurado [Vol. 2:196]. El ex director regional de la Fundación Nacional Cubano Americana, virulenta organización que se opone a Castro, era miembro de ese grupo de posibles miembros del jurado; y aunque todavía se desconoce su conducta con sus posibles compañeros de jurado, su extraño comportamiento en la sala del tribunal fue un asunto que se registró en acta. El segundo día del proceso de selección de los miembros del jurado, uno de los abogados de la defensa llamó a la atención del tribunal “su mecimiento en la silla. Parece disgustado por algo” [Vol. 2:303], a lo que el fiscal añadió su propia observación de este extraño “pavoneo” [Vol. 2:565]. Cuando fue llamado al estrado, sus respuestas hostiles a las preguntas del Tribunal provocaron que la asombrada jueza señalara que estaba “desconcertada por sus modales bastante inapropiados” [Vol. 3:308]. Él fue excluido durante el próximo receso. A pesar de que el Tribunal hablaba de su preocupación acerca de que el actual grupo de posibles jurados hubiese estado “indebidamente expuesto a opiniones que afectarían a todo el grupo”, no se hizo ninguna averiguación.

En la primera fase del interrogatorio, se reveló que más del veinte por ciento de los miembros del jurado eran exiliados o descendientes de cubanos. En ningún otro lugar los agentes del gobierno de Cuba enfrentarían la ira de un número tan grande de exiliados. De hecho, como dejan claro las declaraciones adjuntas de los peritos Brennan y Pérez, aunque ningún cubano estadounidense formó parte del jurado final, los miembros del jurado que no eran cubanos habían estado expuestos a la influencia dominante de los más de 30 años de propaganda que presenta a Cuba como un demonio, y esto trae como resultado actitudes y creencias más afines con las de sus vecinos cubanos que con los otros ciudadanos estadounidenses en relación con los temas centrales de este juicio [Véase: Declaración jurada de Brennan, Documento de Prueba 4, la página 3].

No menos de 16 personas de las que comparecieron en la selección del jurado conocían personalmente a las víctimas del derribo de los aviones, a sus familiares o testigos. Con respecto a las cuestiones relacionadas con Cuba, Miami es una ciudad pequeña. Todos esos posibles miembros que comparecieron se mezclaron libremente con los demás miembros del panel. También estuvieron frente a frente a miembros de la familia de las víctimas que estaban sentados en la primera fila entre los miembros del FBI cuando los llevaron al tribunal. Solamente en Miami-Dade al testigo José Basulto, uno de los críticos más feroces del régimen cubano y activista que ha admitido cometer actos criminales contra ese Gobierno, se le concedió categoría de VIP en un aeropuerto público, según un posible miembro del jurado [Vol. 3:375]. Su frenética condena al régimen de Cuba se ha escuchado en la radio durante decenios, según relató otro miembro del jurado [Vol. 3:458]. Y, como dijo el Fiscal estadounidense que llevaba el caso, solamente en Miami-Dade se celebraron “misas después del derribo de los aviones por toda la ciudad y muchas personas asistieron” [Vol. 3:535]. [Véase: Declaración de Lisandro Pérez, Documento de Prueba 5, página 10. Referencia a la observación: el derribo unió a la ciudad.]

Solamente en Miami-Dade se erigieron monumentos en recordación de las víctimas del derribo. No sólo se cambió el nombre de una importante calle para honrar a una de las víctimas y se nombró a una plaza en honor de otro, sino que la propia sede del gobierno del Condado de Miami-Dade tiene un gran monumento o capilla en honor de una de las víctimas.

No hay que olvidar el papel desempeñado por los medios de difusión. La gran presencia de los medios de difusión en el juzgado no se disipó después de la conferencia de prensa del primer día y sus intentos de entrevistar a posibles miembros del jurado. Bien avanzada la segunda semana de selección de miembros del jurado, uno de los posibles miembros se quejó del acoso de los medios de difusión a la salida del juzgado [Vol. 5:1026]. Meses después, el 13 de marzo de 2001 el Tribunal se seguía quejando de la presencia de “cámaras que enfocaban a los miembros del jurado cuando salían del edificio” [Vol. 58:9005].

Tampoco se trataba de la forma inquisitiva usual en que los medios de difusión informan sobre un hecho de interés periodístico. Más bien, algunos elementos de los medios de difusión, en particular de la radio y la televisión de habla hispana, encabezaron la campaña de decenios de años para dar una imagen demoníaca de Cuba. Su función en la “cobertura” del juicio no era informar las noticias, sino crear un clima que garantizara la condena. Fueron estas mismas emisoras de radio y televisión en español las que fueron citadas por el fiscal de los Estados Unidos en el caso Ramírez por su abierta acumulación de odios y divisiones. En este caso, los medios incluso exhortaron a que se hicieran manifestaciones públicas fuera de la oficina del abogado de la defensa. Tampoco su impertinencia se limitó a acosar a posibles miembros del jurado, sino que también hicieron peticiones inusuales e injustificadas de información que, por lo general, no es de interés de los medios de difusión. Por ejemplo, el Tribunal expresó preocupación acerca de la “tremenda cantidad de peticiones” sobre las preguntas del voir dire (proceso de selección de los miembros del jurado) antes de que las hicieran, evidentemente destinadas a informar a su público, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas “antes del momento en que se las formulara el Tribunal” [Vol. 3:625]. También fue notable que pidieran los nombres de los miembros del jurado, cuando el juicio se acercaba a sus deliberaciones [Vol. 103:14643].

Nada demuestra mejor el impertinente papel de las cámaras de televisión que su comportamiento durante la parte más delicada del juicio: las deliberaciones del jurado. Fue entonces que el Tribunal indicó que un miembro de su personal escuchó a tres miembros del jurado decir que “las cámaras los habían seguido… Los filmaron ayer y varios de ellos consideraban que los habían filmado hasta sus automóviles e incluso sus números de chapa” [Vol.104:14644]. ¿Por qué los medios de difusión estarían tan interesados en un número de chapa? Al subrayar el temor que sentían esos jurados al deliberar, el Tribunal expresó sus “preocupaciones” no menos de tres veces: “Esto es algo dicho por ellos, estaban preocupados” [Vol.104:14645]. “Varios de ellos opinaban que les estaban filmando las chapas de los automóviles, de modo que estaban preocupados” [Id.]. “Es una preocupación que tienen” [Id., en 14646].

Uno de los abogados de la defensa pidió que constara en acta que “Dos cámaras estaban afuera ayer, Canal 23 y Radio Martí” [Id.], las dos estaciones activas en la campaña contra el Gobierno de Cuba. Los miembros del jurado que captó la cámara incluso salieron en la televisión la noche anterior [Id., en 14643]. ¿Qué hacía que los miembros del jurado sintiesen tanto miedo? Los mismos hechos que hicieron que los abogados del juicio sintieran temor por su seguridad y la de sus familias. Nada puede poner en mayor peligro la seguridad de una persona o familia en Miami-Dade que estar asociado en alguna forma con el Gobierno de Cuba o sus seguidores. Como informó al Tribunal el abogado Blumenfeld, residente de la ciudad desde hace decenios: “Francamente, todos los abogados defensores comparten el temor personal por su propio bienestar cuando se les pide que defiendan a presuntos agentes del Gobierno cubano acusados de complicidad en el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate” [Véase: D.E. 322, en la página 2]. En audiencia pública, otros dos abogados, ambos con hijos en escuelas públicas, expresaron sus preocupaciones por el bienestar de sus familias debido a su participación en este caso. [Véase: Documento de Prueba 1, trascripción de la audiencia antes del juicio del 26 de junio de 2000 en las páginas 30 y 72].

Esas preocupaciones no estaban fuera de lugar. En un informe detallado de seguimiento acerca del clima de libertades civiles en Miami, realizado por America’s Watch en 1994, los autores alertaron que cualquier criterio “que fuese más allá de esos límites (criterios anticastristas) podrían ser peligrosos para el orador”. El columnista Jim Mullin catalogó más de 18 actos de violencia y amenazas por parte de fanáticos anticastristas ocurridos en la zona del Gran Miami en la década precedente al juicio. Para vivir en Miami uno tiene que cuidarse de no hacer ni expresar nada en público que pudiera considerarse que no es suficientemente anticastrista. Decenios de vehemente insistencia por la comunidad de exiliados para que Miami-Dade se avenga a su cultura política, respaldada por amenazas y violencia, ha dejado un temor indeleble en el resto de la comunidad.

C. Las respuestas dadas por los posibles miembros del jurado durante el Voir dire (la selección) demostró que un jurado justo e imparcial no podía ser, ni fue, seleccionado en este caso.

Es comprensible que los posibles miembros del jurado se mostraran reacios a expresar esos temores y ansiedades en un foro público ante los oídos atentos y ojos escudriñadores de los medios de difusión, algunos de cuyos miembros son conocidos por detectar y vilipendiar a los que considera enemigos de la comunidad de exiliados. Sin embargo, algunos encontraron coraje para hacerlo y dijeron lo que todos sabían. Un posible miembro del jurado no cubano expresó inmediatamente su desdén por el Gobierno de Castro, pero luego añadió, un poco vacilante, su preocupación por su propia seguridad en el caso de que votara a favor de la absolución de esos acusados: “Me sentiría un poco intimidado y quizás un poco temeroso por mi propia seguridad si mi veredicto no coincide con lo que la comunidad cubana considera que debe ser el veredicto” [Vol. 5:1068]. Luego añadió: “Si quieren saber la verdad, sería un manojo de nervios”… Creo que… tendría miedo, un verdadero miedo por mi propia seguridad si mi veredicto no coincide con el de toda la comunidad cubana” [Vol. 5:1070].

Glanery, posible miembro del jurado, no cubano, también mostró su preocupación: “Creo que si el caso va a recibir mucha publicidad, podría ser bastante volátil, y en la comunidad la gente tendría cosas que decir al respecto” [Vol. 5:1010]. ¿Estaría él dispuesto a seguir las instrucciones del Tribunal? “Sería muy difícil teniendo en cuenta la comunidad en la que vivimos” [Vol. 5:1018].

A otra posible miembro del jurado, Michelle Petterson, también le preocupaba la reacción ante un veredicto: “Creo que me preocuparía la reacción que pudiese provocar” [Vol. 5:938]. “No quiero que se produzcan disturbios ni cosas como esas que sucedieron con el caso de Elián. Pensé que se les iba de las manos” [Vol. 5:945]. El posible miembro del jurado, Pareira (no cubano), expresó: “Me preocuparía acerca de cómo otros me ven” [Vol. 6:1120]. “No me gusta la mentalidad mafiosa que interfiere en lo que yo considero que es un sistema que funciona” [Vol.6:1121]. El posible miembro del jurado, Howe, Jr., expresó: “Me preocupa que independientemente de la decisión que se tome en este caso, va a tener un profundo efecto en nosotros, tanto aquí como en Cuba” [Vol.6:1272].

La violencia física no era el único temor. Además había temores de represalias económicas y de pérdidas: A Jess Lawhorn, Jr., posible miembro del jurado, banquero y vicepresidente encargado de los préstamos para viviendas, le preocupaba en qué forma un veredicto le afectaría su capacidad para realizar su trabajo: “Creo que me preocupa cómo la opinión pública podría afectar mi capacidad para realizar mi trabajo después… si afectaría mi capacidad para hacer negocios en la comunidad” [Vol.5:1057, 1059]. Cuando le preguntaron por segunda vez, respondió: “Tengo muchos negocios con miembros de la comunidad hispana… Tal vez haya opiniones fuertes… que podrían afectar o no mi capacidad para generar préstamos para mi empleador” [Vol. 5:1073].

Dado el clima de temor e intimidación, ni un solo posible jurado, de los más de 160 interrogados, reconocería públicamente tener una impresión favorable de Cuba. Los tres miembros del jurado que manifestaron un criterio equilibrado —uno veía “las cosas de ambas partes”; otro escuchaba “lo bueno y lo malo”; y otro veía “los pros y los contras”— fueron eliminados rápidamente por el fiscal en virtud del ejercicio de recusación sin causa. Eso dejó a la reserva de posibles miembros del jurado, antes del ejercicio de recusación sin causa, unida en su hostilidad contra la defensa. No es de extrañar que todos los posibles miembros del jurado que finalmente fueron seleccionados, y quienes tenían opiniones sobre Cuba, expresaron opiniones muy negativas. La opinión expresada por el presidente del jurado durante el Voir dire (proceso de selección) era típica: “Creo que Castro es un dictador comunista y me opongo al comunismo. Quisiera ver que se fuera y que se estableciera la democracia en Cuba” [Vol. 4:741]

Otro miembro del jurado, un banquero retirado cuya hija trabajaba en el FBI, no era menos dogmático: “No me puedo reconciliar con esa forma de gobierno” [Vol. 6:1296-1297]. Un tercer miembro seleccionado del jurado, una mujer que trabaja para la división penal de la oficina del Fiscal del Estado, expresó criterios casi idénticos: “Me opongo enérgicamente al comunismo… Los Estados Unidos han sido justos con Cuba” [Vol. 4:861]. Los demás miembros del jurado seleccionados, demasiado renuentes a expresar públicamente sus opiniones políticas, tenían que haber tenido criterios similares dada la casi unanimidad de las respuestas negativas. Por sí sola, la fuerte parcialidad política de los que comparecieron negó a la defensa un juicio imparcial.

  1. Las premisas para la negación de un cambio de sede estaban basadas en cruciales argumentos de hecho y derecho que obligan a un nuevo juicio en interés de la justicia.

En relación con la presentación de la evidencia de la encuesta que prueba —en este caso— el mismo prejuicio que el gobierno verificó posteriormente en el caso de Ramírez, hay varios factores que son dignos de mención. En primer lugar, la naturaleza ex parte de la solicitud de fondos por parte de la defensa resultó inútil debido a la publicidad adversa de la prensa que alertó al gobierno y trajo como resultado la posterior participación del gobierno en el proceso de petición de fondos. Adicionalmente, la adopción de matemáticas y ciencias erróneas por parte del gobierno para rechazar la encuesta también tuvo un impacto negativo sobre la defensa. En la Orden donde se deniega el cambio de sede, el Tribunal pudo haber pasado por alto la importancia de la evidencia sobre la publicidad y el propósito por el cual fue presentada y su relación con la diferencia decisiva entre estos acusados —agentes del Gobierno Cubano acusados del asesinato de residentes de Miami que estaban en contra de Castro— y las de otros casos relacionados con Cuba, como los que incluyeron a hombres de negocios estadounidenses acusados de comerciar con Cuba. Además, al revisar los hechos presentados, el Tribunal exigió que los acusados cumplieran estrictamente los requisitos para la concesión del recurso de habeas corpus ante el fallo de un tribunal estatal, en vez de una responsabilidad menor aplicable al ejercicio del poder de supervisión del Tribunal para garantizar que se haga justicia, norma que se satisface evidentemente dadas las admisiones del gobierno posteriores al juicio en el caso de Ramírez vs. Ashcroft.

  1. Los procedimientos irregulares y los errores legales cometidos en relación con la encuesta a la comunidad solicitada por la defensa sustentan aún más la necesidad de un nuevo juicio en interés de la justicia.

El 18 de agosto de 1999, el acusado Medina presentó una Moción ex parte con miras a la autorización de fondos para realizar una encuesta como fundamento para el cambio de sede [D.E. 275]. El 18 de octubre de 1999, el Tribunal dio el inusitado paso de solicitar asesoramiento del Gobierno sobre si debía o no conceder la petición ex parte de la defensa [D.E. 284]. Como era de esperar, el gobierno respondió lanzando un ataque ad hominem sobre el especialista propuesto, acusándolo de tener “una carrera orientada hacia la práctica de la defensa”. Además, el gobierno negó la necesidad de un especialista en encuestas, argumentando que la sede no era una cuestión que merecía la pena explorar porque Miami-Dade era una comunidad “extremadamente heterogénea, diversa y no monolítica desde el punto de vista político” [D.E. 286]. No obstante, esta violación del campo de la defensa ha resultado ser la primera de una serie de errores que socavaron la crucial evidencia de la encuesta solicitada por la defensa.

Al solicitar los fondos para el especialista, la defensa especificó que la muestra de la encuesta incluiría a 300 personas de Miami-Dade, que responderían a preguntas destinadas a sondear las actitudes pertinentes a este caso. El 15 de noviembre de 1999, el Tribunal presentó una Orden sellada otorgando la petición de la defensa, específicamente para financiar el estudio. [D.E. 303]. Meses después, el Tribunal rechazó el estudio, concluyendo que “el tamaño de la muestra estadística en este caso es demasiado pequeña para ser representativa de la población de posibles miembros del jurado en el Condado de Miami-Dade” [Véase: Documento de prueba 6, Opinión del Tribunal, en la página 15]. Pero en ningún momento durante la espera de la solicitud de la defensa acerca de la encuesta, ni en los meses posteriores al recibo de los resultados de la misma, incluido el alegato oral, la defensa tuvo conocimiento de la existencia de alguna duda acerca del tamaño de la muestra. Además, como confirmó el Dr. Brennan, el tamaño de la muestra era totalmente adecuado para sus fines previstos y produjo una encuesta válida desde el punto de vista estadístico [Véase: Documento de Prueba 4, declaración jurada de Kendra Brennan, en la página 6].

Además, las demoras con respecto al reembolso al especialista provocaron que el especialista, en efecto, se retirara del caso y dejara a la defensa sin especialista, en respuesta al ataque que le hizo la fiscalía, ataque que fue claramente falso a la luz de los alegatos del gobierno en Ramírez [Véase también: el Documento de Prueba 7, declaración jurada del Dr. Moran en la página 5]. La ausencia del Dr. Moran de la vista para determinar la sede provocó la crítica del Tribunal acerca de su metodología sobre la base de una declaración jurada presentada en un caso no conexo que tenía que ver con un estudio anterior realizado por un psicólogo contratado por el Gobierno, que no tenía experiencia anterior en la realización de encuestas sobre sedes. De haber comparecido y testificado el Dr. Moran, se habría aclarado la confusión en torno a la redacción de los documentos de la encuesta y sus cálculos sobre los resultados de la misma. La pérdida de este testimonio crucial de un especialista sobre una cuestión de gran significado, junto con las tergiversaciones contrarias a los hechos del gobierno sobre la cuestión de la sede, impidieron el pleno ejercicio de los derechos del acusado a un debido proceso y un juicio imparcial. [Véase: Chambers vs. Mississippi, 410 U.S. 284 (1973)].

Después de que el Tribunal fallara en contra del cambio de sede el 27 de julio de 2000, el Dr. Moran recibió una copia de la Opinión del Tribunal que rechazaba las conclusiones de su estudio. Puesto que él ya no tenía relaciones de trabajo con los abogados en este caso (habiendo interpuesto entretanto una queja contra el abogado que lo llevó al caso por no garantizarle el pago), escribió una carta directamente al Tribunal mientras que estaba pendiente la moción de la defensa para que se reconsiderara la decisión de la sede, en la que advertía que se había cometido un error fundamental y profundo de juicio al rechazar el tamaño de su muestra. Se adjunta una copia de esa carta como Documento de Prueba 1 a la declaración jurada del Dr. Moran [Véase: Documento de Prueba 7]. El secretario del Tribunal jamás presentó esta carta a la atención de los abogados y la defensa no supo de su existencia hasta que se reunieron estos documentos.

Todos estos hechos y procedimientos irregulares en torno a la encuesta, algunos de ellos descubiertos recientemente, sobre la prueba clave en torno a la cuestión de la sede, son un motivo más para que se celebre un nuevo juicio en interés de la justicia.

  1. La relación de los hechos acerca de la sede y el análisis del Tribunal de la información que tenía ante sí también sustentan la necesidad de un nuevo juicio en interés de la justicia.

Al denegar la moción del cambio de sede, el Tribunal citó los “más de treinta artículos” presentados por la defensa en apoyo a la moción del cambio de sede, e infirió de aquí que los acusados habían protestado básicamente por la mera publicidad antes del juicio. La cifra real de artículos presentados fue más del doble de ese número, pero el problema radica en la posible tergiversación de los propósitos por los cuales se presentaron esos artículos. Tras un examen de las pruebas de los medios de difusión, el Tribunal sobreseyó su valor como documento de prueba, y llegó a la conclusión de que “la publicidad antes del juicio no había sido tan incendiaria ni influyente” como para suponer que haya prejuicios en la selección de los posibles miembros del jurado en este caso [Véase: Documento de Prueba 6, página 11]. No obstante, los alegatos orales y escritos de los acusados al Tribunal no fueron presentados para demostrar una publicidad perjudicial antes del juicio (aunque lo mostraban también), sino para demostrar el profundo y penetrante prejuicio contra cualquier persona asociada con Cuba en esa división del Tribunal de Miami-Dade.

Por eso, aunque aludía a un “editorial en recordación del aniversario del derribo”, la Orden se abstuvo de hacer cualquier análisis de ese editorial que salió publicado en el periódico que más se lee en el condado, y que llevaba por título “El terrorismo no puede vencer”. Lejos de sencillamente “recordar el aniversario”, el editorial promovía castigar a esos acusados como una forma de aliviar el dolor de las familias de las víctimas:

Nada podría honrar más su memoria que llamar a constar a sus asesinos… más que la compensación, las familias quieren la bofetada moral de un proceso penal en un tribunal federal de los Estados Unidos. Hasta ahora sólo hay una acusación: Gerardo Hernández, supuesto líder de una red de espionaje, acusado el año pasado de conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo [D.E. 397; Documento de Prueba J-1].

Ese comentario incendiario en el Miami Herald, cuatro años después del incidente que fue el eje del Cargo III de la acusación, reflejó su gran efecto sobre la comunidad como un trauma que todavía provocaba ira contra esos acusados. La Orden también citaba, sin realizar análisis, los artículos que hablaban de los alegatos de culpabilidad y sentencias de los coacusados, incluido un artículo que hacía referencia a “la red de 10 espías que husmeaban en las instalaciones militares estadounidenses” [D.E. 397; Documento de prueba I-1]. Esos artículos evidentemente perjudicaban a los acusados, pues equivalieron a publicar las confesiones de los demás acusados presuntamente involucrados en la misma empresa.

No obstante, no se hace ninguna referencia en la Orden al hecho singular que estaba llamado a provocar la hostilidad en Miami-Dade: que las pruebas demostrarían (y los acusados aceptarían) que estos acusados estaban actuando como agentes del Gobierno de Cuba. A pesar de que al Tribunal se le informó concretamente de este hecho en un aparte durante el alegato oral, el Tribunal se fundamentó básicamente en el caso de Fuentes-Coba, que se examinará a continuación, en el que la encuesta que mostraba prejuicio hacia el Gobierno Cubano no justificaba un cambio de sede para el caso de un empresario estadounidense acusado de hacer tratos comerciales con Cuba. [Véase: Documento de Prueba 6, página 4]. Con todo, la decisión en Fuentes-Coba partió de la premisa de que no había un nexo claro entre las actitudes hacia Cuba y las actitudes hacia ese acusado en particular, dado que su defensa fue distanciarse del Gobierno de Castro [Véase: Estados Unidos vs. Fuentes-Coba, 738 F.2d 1191 (11º Circuito, 1984)], como lo analizó el abogado de Campa durante el alegato oral [ Documento de Prueba 1, página 45; D.E. 65, páginas 2 y 3]. A fin de evaluar correctamente la evidencia de prejuicio en este caso a la luz de Fuentes-Coba, la Orden habría tenido que reconocer que aquí las pruebas mostrarían que los acusados eran agentes cubanos leales a Fidel Castro, y no hombres de negocio estadounidenses hostiles al Gobierno de Castro.

La Orden tampoco analizó otro hecho crucial en el registro de la sede: el nivel de temor a represalias en el caso de que se percibiera que algún miembro del jurado fuese indulgente hacia el Gobierno de Cuba. No se requieren recortes de prensa, ni opiniones especializadas para darse cuenta de lo que un abogado de la defensa tras otro confesó que eran sus propios temores sencillamente por haber aceptado que se les asignara la defensa de esos hombres. Los abogados del gobierno ni respondieron ni refutaron esas sinceras expresiones de miedo.

  1. La Orden que niega el cambio de sede no aplica los requisitos obligatorios de la Regla 21 a), lo que subraya aún más la necesidad de un nuevo juicio en interés de la justicia.

La Norma Federal de Procedimiento Penal 21 a) expresa, en la parte pertinente, que el Tribunal:

“Tendrá que transferir el proceso … si el Tribunal está convencido de que en el distrito donde se espera celebrar el juicio existe un prejuicio tan grande contra el acusado que éste no pueda tener un juicio justo e imparcial…” (El subrayado es nuestro)

La Orden que rechaza la moción del acusado no refleja el lenguaje obligatorio de la Regla 21 a). Citó textualmente el lenguaje de la parte dispositiva de la Norma con una excepción significativa: omitió la palabra “tendrá” y la sustituyó por el término discrecional “podrá”. Esta recalificación de la obligatoriedad de la Norma socavó la fuerza mandatoria del lenguaje y erosionó su propósito intencional.

El fallo original estuvo por tanto condicionado no sólo por la posición errada del gobierno y la evidencia incompleta de la encuesta, sino también por la aplicación de una elevada norma de revisión de los hechos, que utilizó la norma rigurosa del debido proceso que aplican los tribunales federales a los casos que llegan al sistema federal mediante recursos de habeas corpus de jurisdicciones estatales y se apoyan en gran medida en las referencias a esos casos: Irwin vs. Dowd 366 U.S. 717 (1961): Shephard vs. Maxwell 384 U.S. 333 (1996); y Murphy vs. Florida 421 U.S. 794 (1975) —todos ellos procesos judiciales estatales, decididos por tribunales federales sobre la base de la norma del debido proceso —. En esos casos, el respeto por los diversos estados y la experiencia de primera mano de los tribunales de primera instancia impusieron una limitación al tribunal federal.

No sucede así en los casos que se originan en los Tribunales Federales. La Regla 21 a) invoca el poder de supervisión de los jueces federales de primera instancia para supervisar la administración de la justicia en el sistema federal. Desde 1959, el Tribunal Supremo, así como los tribunales de menor instancia, han reconocido que las solicitudes de cambio de sede antes del juicio en el sistema federal invocan el ejercicio del poder de supervisión del tribunal, y tienen que decidirse por este [Véanse: Marshall vs. Estados Unidos 360 U.S. 310 (1959); Estados Unidos vs. Tokars 389 F. Supp. 1578 (N.D. Ga. 1993); Estados Unidos vs. Moody 762 F. Supp. 1485 (N.D. Ga., 1991); cf. Estados Unidos vs. Faul 748 F.2d 1204 (8o Circuito, 1984), (con la opinión discrepante de Lay, C.J.)]. Es más, la orden negando el cambio de sede no hace ninguna referencia al poder de supervisión del tribunal.

Y, si bien el Tribunal mencionó e hizo citas de Pamplin vs. Mason, adoptó la norma del umbral más alto para conceder el cambio de sede: una norma que requiere que se demuestre que sería “prácticamente imposible” lograr un juicio justo. Esa norma, enunciada por un caso federal que aplicaba la norma de debido proceso a un caso procedente del sistema estatal, trataba sobre la publicidad perjudicial antes del juicio como la presunta causa para el cambio de sede [Véase: Ross vs. Harper 716 F.2d 1528, 1540 (11º Circuito, 1983)].

Cualquier análisis del grado de prejuicio requerido para el cambio de sede demuestra que el proceso de decisión está determinado por preocupaciones objetivas específicas. Lo que queda claro inmediatamente es que este caso no es una cuestión de un incidente aislado explotado en una proporción razonable por una prensa sensacionalista, sino que se trata de un caso que estuvo en peligro por un conjunto de creencias y actitudes de larga data y muy arraigadas contra un acusado de un país en particular, en este caso, agentes de Cuba. Como dijo el abogado anterior del señor Guerrero: agentes clandestinos de China podrían recibir un juicio imparcial en Miami-Dade, pero no los de Cuba. Es por eso que —como el gobierno reconociera posteriormente en el momento en que sus propios intereses en un juicio justo estaban en juego— Pamplin, a diferencia de los casos de publicidad perjudicial antes del juicio, era el precedente idóneo para analizar el prejuicio. Este caso también enunciaba la prueba correcta que debía aplicarse cuando las influencias externas estaban presentes: “probabilidad de injusticia”, en contraposición a la prueba mucho más rigurosa de “prácticamente imposible de seleccionar un jurado justo” que se aplicó en este caso.

Además, los dos casos penales federales citados en la orden de negación del cambio de sede, Estados Unidos vs. Capo 595 F.2d 1086 (5º Circuito 1979) y Estados Unidos vs. Fuentes-Coba 738 F.2d 1191 (11o Circuito, 1984), son tan diferentes desde el punto de vista de los hechos de este caso que no se aplican aquí. En el primero, un caso de publicidad perjudicial, el juicio se celebró en una gran ciudad a 100 millas de distancia de la escena del delito donde la comunidad no tuviera participación en el resultado ya que ninguno de los actores o víctimas residían allí. El caso de Fuentes-Coba tampoco es pertinente puesto que en ese caso las actitudes de la comunidad hacia Cuba no perjudicaron necesariamente al acusado, puesto que él adujo que compartía la hostilidad de la comunidad contra el Gobierno de Castro. [Véase: el análisis de Fuentes-Coba por el abogado de Campa, en D.E. 656, en las páginas 2 y 3, así como el alegato oral en el Documento de Prueba 1, páginas 32-34]. En este caso, los acusados no sólo aceptaban a ese gobierno que se tiene como enemigo, sino que eran parte de él y trabajaban contra las organizaciones radicadas en Miami que tratan de derrocar a Castro. En esas circunstancias, la actitud de los posibles miembros del jurado hacia los acusados eran paralelas y completamente inseparables de su actitud hacia Cuba.

A la luz de la norma legal vigente para el análisis de la sede antes del juicio, el nuevo descubrimiento del reconocimiento del gobierno —en realidad un incondicional apoyo— de la afirmación objetiva del acusado del prejuicio profundamente arraigado que justifica un cambio de sede exige la concesión de un nuevo juicio fuera del condado de Miami-Dade.

CONCLUSIONES

Por las razones antes mencionadas, la condena del acusado Antonio Guerrero debe desestimarse y ordenarse un nuevo juicio en una sede adecuada.

Presentado respetuosamente por,

Leonard I. Weinglass
6 West 20th Street
New York City, N.Y. 10011
Abogado de Antonio Guerrero